La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite cuatro quejas de asociaciones contra el Estado español por incumplimiento de las directivas comunitarias y de varios artículos del Derecho de la Unión.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, ha pedido que se investiguen los posibles incumplimientos de las normas de la Unión Europea que permiten la mala praxis de las aseguradoras cuando tratan con los talleres de reparación. Además, ha trasladado esta queja a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo.

Se supone que las compañías de seguros deben pagar un precio fijo por las reparaciones, pero se ha informado de que no respetan la cantidad determinada por los talleres y a menudo pagan menos. Esto está llevando a los proveedores de seguros a dificultades financieras también porque hay menos dinero procedente de los pagos realizados en las reclamaciones que afecta a su capacidad de traer nuevos negocios o hacer la nómina con los clientes existentes en absoluto.

Por otro lado, los baremos elaborados por las empresas vinculadas o participadas en el sector de los seguros se utilizan para que los tasadores evalúen el tiempo y el coste de los materiales de reparación que deben asumir, con gran desventaja ya que no se han ajustado los contadores.

El sector español de los seguros lleva años en una espiral descendente que no muestra signos de mejora. Hay demasiadas compañías con precios bajos, lo que significa que habrá menos competencia entre ellas; esto nos lleva a un camino inevitablemente dañino en el que todas las partes sufren, ya que su equilibrio se inclina hacia un lado u otro debido únicamente a que tienen precios bajos

Las asociaciones han solicitado que se investigue si existe una colusión tácita entre las compañías, lo que supondría una práctica anticompetitiva en el mercado de los seguros. Por un lado, indicaron que la dependencia económica de los peritos no garantiza la objetividad a la hora de valorar los daños y fijar el precio/hora de la reparación; pero por otro lado, se ha demostrado la influencia que pueden ejercer las grandes empresas sobre las pequeñas gracias a sus amplios recursos, por lo que es muy posible que esto se convierta en un problema muy pronto

Además, hay empresas que comercializan políticas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a un número limitado de talleres sin otra opción. Esto limita la libre competencia y la libertad del consumidor en la toma de decisiones, restringiendo lo que los consumidores pueden hacer por sí mismos sin ninguna aportación o consentimiento en su nombre a la hora de comprar productos como coches o motos, etc.

Las asociaciones han condenado la práctica de los comercios de presionar a los clientes para que acudan a determinados talleres, distorsionando el mercado al limitar y restringir la libre elección del consumidor. Esto viola el principio de igualdad, así como la ventaja de aquellos que no son conscientes de que pueden elegir el mejor lugar para el servicio o la reparación de su vehículo.